A partir del próximo día 12 de mayo todas las empresas con trabajadores tienen la obligación de implantar un sistema de control de su jornada diaria, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-Ley 8/2019, de 8 de marzo.
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El pasado sábado 16 de marzo de 2019 se publicó en el BOE la Ley 5/2019 reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario que unifica los criterios en relación a los gastos hipotecarios de cara al futuro.
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En el reciente Congreso de Responsabilidad Civil y Seguros celebrado en Zaragoza se ha presentado una ponencia sobre el Seguro de Defensa Jurídica que ha recogido las novedades jurisprudenciales en la interpretación de este seguro y además se ha comentado la Guía de buenas prácticas elaborada por la Dirección General de Seguros precisamente para el Seguro de Defensa Jurídica.
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Acaba de publicarse la Ley Orgánica 2/2019, que reforma el Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de vehículos de motor. De este modo volverán a los juzgados muchas reclamaciones por accidentes de tráfico que habían sido despenalizadas en 2015 por la supresión de las imprudencias leves.
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La Directiva 2016/97 sobre distribución de seguros debía de estar traspuesta al derecho español antes del día 1 de octubre de 2018. Sin embargo, el Proyecto de Ley de Distribución de Seguros Privados sigue su lento discurrir por el trámite parlamentario sin ser aprobado.
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En ausencia de Presupuestos Generales del Estado para 2019, el Gobierno ha aprobado en Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo.
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Los tribunales vienen entendiendo como delito de "stalking" los supuestos de acoso y hostigamiento telefónico con el completo conocimiento de que se violenta al hacerlo la decisión del destinatario de no recibir tales llamadas y con la intención de imponer la voluntad del remitente, ocasionando al destinatario una perturbación en su tranquilidad y sosiego y una imposición de una conducta a la que aquél no tiene derecho alguno, constituye una modalidad de vis compulsiva que reúne todos los elementos que definen al delito de coacciones, que son los siguientes:
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Ante la imposibilidad a priori de determinar los supuestos que constituyen abuso de confianza, deslealtad y transgresión de la buena fe contractual, como causa de despido disciplinario, es la casuística jurisprudencial la que nos da el conocimiento preciso de la concurrencia de la causa de despido por vulneración del deber de buena fe. A continuación exponemos una relación detallada, pero no limitativa, de los supuestos que han sido considerados jurisprudencialmente como causa de despido.
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